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No más abusos: Queremos un Estado que proteja a los consumidores

Publicado por Juan Pablo Letelier en Jun 14, 2011 | 1 Comentario

Juan Pablo Letelier

La crisis de la empresa de retail La Polar deja al descubierto algo que hemos denunciado desde hace mucho tiempo con las organizaciones de consumidores: la nula protección que existe hacia las personas ante el abuso de los grandes grupos empresariales.

En este caso, hay una falla inexcusable de todos los fiscalizadores del Estado. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras debe responder por el mal funcionamiento del sistema de cobros, también la Superintendencia de Valores y Seguros, que actuó con negligencia al no advertir la grave crisis.

También deben responder las AFPs, cuyos directores dejaron que esto pasara, con lo que dañaron el patrimonio de los trabajadores chilenos que cotizan en las administradoras de fondos de pensiones.

Este escándalo, que detonó con la caída en un 42 por ciento de las acciones de la cadena de tiendas y el anuncio de demandas colectivas contra La Polar, es una clara manifestación de la indefensión en la que están los sectores de menores ingresos y la clase media cuando intentan mejorar sus vidas recurriendo al crédito en las casas comerciales.

La cadena La Polar se ha caracterizado por ofrecer créditos masivos a personas de menores ingresos.

Y cuando las personas no han podido pagar, la empresa ha realizado repactaciones automáticas, sin consulta a los clientes, aumentando de manera escandalosa la deuda.

Según datos de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), hubo personas que tenían una deuda de 90 mil pesos, que creció a 3 millones de pesos por concepto de intereses y multas.

La repactación automática inconsulta no sólo es una práctica abusiva con los clientes, sino que además peligrosa para el sistema financiero. Lo de La Polar es una señal de alerta en medio de los “ofertones” de las tiendas para que aumentemos el consumo y el sobre endeudamiento. Las personas son empujadas por el sistema a consumir y endeudarse, para después responderles con la mano dura de la repactación automática o con el cobro de intereses que vienen en la letra chica de los contratos.

Debemos poner fin a estos abusos y necesitamos un Estado que se haga cargo de una fiscalización efectiva.

No hay que pensar que lo ocurrido con La Polar es una excepción, los chilenos vienen siendo sistemáticamente afectados en los cobros de servicios básicos y en las tarjetas de crédito y de tiendas y siempre salen perjudicados cuando se repactan las deudas.

Valoramos las demandas colectivas anunciadas, pero esa positiva decisión no termina con el tema de fondo: se requiere un sistema efectivo de control que actúe con anticipación.

Cuando se planteó durante la campaña la creación del Sernac Financiero respaldamos esa idea. Pero el Gobierno transformó su promesa en un proyecto que sólo amplía las facultades del actual Servicio Nacional del Consumidor y contempla un escaso aumento de la planta de la entidad.

Da la impresión que los grandes empresarios, que sienten a este Gobierno como propio, han conseguido que la promesa a los consumidores de un Sernac Financiero se transforme en una institucionalidad que no dará una real protección ni enfrentará eficazmente los abusos.

Los consumidores necesitan un sistema de protección fuerte que defienda de verdad a las personas, que son el eslabón más débil en la cadena del consumo.

1 Respuesta a " No más abusos: Queremos un Estado que proteja a los consumidores "

  1. El desplome de las acciones de la multitienda La Polar debido al fraude de sus ejecutivos para ocultar el nivel de riesgo provocó impacto y conmoción en el mercado nacional. Las cifras rojas de la Bolsa han ocupado portadas y generado las más ácidas críticas a este tipo de comportamientos, incluso, la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, intentó calmar el ambiente diciendo que los fondos de pensiones no se verán tan afectados, sin embargo, las AFP mantenían cuantiosas inversiones en esta empresa con los ahorros previsionales de sus afiliados, aunque sin tener certeza real de su solidez.

    La falta de probidad de los ejecutivos, de la empresa auditora – o la negligencia de ambos- y la de de dos bancos que le prestaron en total 225 millones de dólares a la multitienda sin considerar su capacidad de pago, hacen hablar a muchos expertos de las similitudes de esta debacle con otros famosos fraudes mundiales, incluso con el puntapié inicial de la crisis financiera de 2008.

    Son varios los temas que preocupan en este caso. El que más atención ha captado por parte de los medios tiene que ver con las transacciones en la Bolsa y la falta de regulación estatal sobre el negocio de este tipo de empresas.

    En este sentido, cabe destacar que, siguiendo la línea de sus pares en el mercado, si bien La Polar parece a simple vista una tienda por departamentos, la verdad es que el 47 por ciento de sus ingresos proviene realmente de negocios financieros, es decir, se encuentra a mitad de camino entre una multitienda y un banco, un híbrido ya bien conocido por los chilenos, pero al que las autoridades poco o nada han hecho por regular.

    ¿Pero qué pasa con las personas? Los accionistas han sido señalados como los mayores afectados por los inescrupulosos ejecutivos. Incluso, el directorio anunció que emprenderá acciones legales, civiles y penales, en contra de quienes resulten responsables del daño financiero que los afecta.

    Sin embargo, es necesario recalcar que el fraude de los gerentes de La Polar salió a la luz pública gracias a la demanda colectiva que interpuso el Sernac en su contra, luego que en sus oficinas se acumularan reclamos de clientes a quienes habían repactado sus deudas unilateralmente, aumentando, por cierto, el costo de los créditos. Aquí nadie regala nada.

    Los clientes de La Polar se concentran principalmente en los estratos socioeconómicos medios y bajos, personas con poca capacidad de pago, pero alta necesidad de crédito para subsistir, a quienes se les cobran intereses, comisiones, costos de servicio y otros cargos que muchas veces rayan en la usura, pero que además tienen pocas posibilidades de reclamar individualmente. Los testimonios que se han conocido a raíz de este escándalo abundan. Un joven que debía setenta mil pesos y ahora adeuda un millón doscientos mil pesos. Una señora que se compró una cama y cuya deuda ya se empina a los tres millones seiscientos mil. Y se estima que podría haber cerca de 120 mil casos como estos.

    La demanda colectiva, que sigue sumando consumidores afectados, busca que a los clientes se les compense y que puedan cerrar sus tarjetas de crédito de la multitienda, puntos que hasta ahora les han sido negados.

    ¿Pero quién paga las consecuencias penales de este hecho? Porque la verdad es que aquí ya no se soportan más eufemismos. Esto es robo, derechamente. Dinero conseguido a través del engaño. Estafa, si lo prefiere, ejecutada por una organización para delinquir. Se trata de un delito que se diferencia a un vil cogoteo amparado en la sombras de la noche sólo porque el que lo ejecuta viste de traje y corbata y se sienta en un sillón de cuero a planificarlo.

    Lo indignante es que, sin embargo, es poco probable que alguno de estos delincuentes termine en la cárcel, como lo haría quien se roba un auto o una cartera. Lo mismo ocurrió con la colusión de las farmacias, escándalo que con el tiempo se diluyó sin responsables, sentencias ni condenados y donde las personas, especialmente las de menores recursos, fueron los más afectados.

    Cabe, entonces, preguntarse no sólo por el acceso a la Justicia de los sectores más desposeídos, también por el alcance de la Justicia en los sectores más beneficiados.

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